Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Migración laboral en América Latina y el Caribe - Corredores migratorios: Corredor hacia Estados Unidos - Mercado laboral y Condiciones laborales

La situación del mercado laboral de los inmigrantes de las Américas en los últimos años ha evolucionado en buena medida en consonancia con la evolución general del mercado laboral estadounidense. Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el año 2000 el porcentaje de personas extranjeras en la fuerza laboral correspondía al 13% del total, mientras que en 2014 esta proporción ascendió al 16,5%, lo que corresponde a 25,7 millones de personas.

Mercado Laboral de los trabajadores migrantes suramericanos

  • Al 2011, las tres principales ocupaciones que empleaban a hombres sudamericanos de entre 16 y 64 años fueron, en primer lugar, la construcción, la extracción y el transporte (23% del total de 850.000 trabajadores varones de América del Sur); en segundo lugar, el servicio y cuidado personal (20%); y por último la gestión, los negocios y las finanzas (13%). Aunque estas ocupaciones reflejan las de los hombres inmigrantes en general, los hombres de América del Sur fueron ligeramente más propensos a trabajar en la gestión, los negocios y las finanzas, ventas y apoyo administrativo (Stoney y otros, 2013)
  • Un estudio del Instituto Nacional de Justicia de 2012 sobre el Estado de San Diego muestra que las industrias donde es más probable que los migrantes en situación migratoria irregular encuentren puestos de trabajo son los servicios de agricultura, construcción, jardinería, servicios de limpieza, procesamiento de alimentos y manufactura. Según el estudio, la construcción, el procesamiento de alimentos y servicios de limpieza son las actividades que presentan las mayores violaciones relacionadas con el tráfico, así como prácticas laborales abusivas (Zhang, 2012: 72, 73)
  • Entre las trabajadoras mujeres nacidas en América del Sur entre 16 a 64 años en 2011, el 29% reportó que trabajaba en el servicio y ocupaciones de cuidado personal; 16% en el apoyo administrativo; 11% en la gestión, los negocios y las finanzas; y 10% en ventas. De igual manera, estas ocupaciones reflejan mucho el perfil laboral de las mujeres inmigrantes en general. Sin embargo, las mujeres sudamericanas son más proclives a trabajar en la educación, formación, medios y entretenimiento; servicio y cuidado personal; y apoyo administrativo.

Mercado Laboral de los trabajadores migrantes centroamericanos

  • La fuerza laboral mexicana y centroamericana es clave para la competencia de algunos sectores productivos, como los sectores agrícola y de servicios de Canadá, diversos sectores productivos y de servicios de Estados Unidos, y la industria maquiladora extranjera y otros sectores manufactureros, principalmente estadounidense, instalados en los estados del norte de México, fronterizos o cercanos a Estados Unidos, y ahora también en otras entidades (Sandoval, 2006: 257).
  • Solo Estados Unidos ha otorgado más de 100,000 visas (H2), por año, para trabajos temporales, la mayoría ocupadas por personas mexicanas, quienes en 2014 obtuvieron el 90% de las visas H emitidas (155.392). En Centroamérica, el grupo más importante son los guatemaltecos con el 3%.
  • Para suplir la demanda de trabajadores temporales y hacer efectivo el programa H-2A, los empleadores estadounidenses utilizan contratistas o compañías de contratación para localizar y reclutar trabajadores extranjeros. El mecanismo de reclutamiento utilizado y el posterior endeudamiento de los trabajadores derivan en problemas comunes en los sistemas de contratación, que subordinan a las y los trabajadores a la voluntad del patrón
  • Según el Southern Poverty Law Center (SPLC), la explotación de los trabajadores temporales H-2A y H-2B comienza mucho antes de que ingresen a los Estados Unidos. Podemos decir que comienza con la contratación inicial en su país natal, un proceso que a menudo los deja en un estado económico precario y en consecuencia extremadamente vulnerable al abuso de empleadores inescrupulosos en Estados Unidos.
  • En 2014, los extranjeros de 25 años o más con nivel educativo menor al secundario ganaban un promedio de $463 por semana, en tanto que aquellos con título de licenciatura y superior ganaban aproximadamente $1.222 por semana. En cambio, los nativos con título de licenciatura y superior ganaban alrededor de 2,3 veces por encima de los que tienen menos de educación secundaria ($1.188 frente a $517 por semana). En general, los trabajadores nativos ganan más que los nacidos en el extranjero en la mayoría de los niveles de instrucción.
  • En cuanto al acceso a la justicia, según el Southern Poverty Law Center, los trabajadores temporales con frecuencia sufren insuperables barreras para lograr que se cumplan sus derechos legales. Muy pocos trabajadores temporales son en realidad compensados por sus pérdidas y a muchos empleadores inescrupulosos se les permite continuar trayendo trabajadores temporales sin ninguna impunidad (2013: 38).
  • Los derechos de los trabajadores temporales pueden hacerse cumplir de dos formas: mediante acciones emprendidas por los organismos gubernamentales, principalmente el DOL y a través de demandas presentadas por abogados independientes, por Servicios Legales financiados con fondos federales (trabajadores H-2A y Trabajadores forestales H-2B únicamente), o por organizaciones legales sin fines de lucro como el Southern Poverty Law Center (SPLC) (2013: 38).
  • En lo que se refiere a la Seguridad Social, prácticamente todos los trabajadores extranjeros que se encuentren trabajando con estatus legal en los Estados Unidos tienen acceso a una gama de beneficios financieros desde el Gobierno Federal. Para ello, a cada empleado le gravan 7,65% de su sueldo, que abarca tanto la Seguridad Social como Medicare (el programa de seguro de salud del gobierno que proporciona cobertura a personas de 65 años o más).